La inflación habría vuelto a acelerarse en octubre, con los alimentos como principal motor. Consultoras alertan sobre una tendencia que tensiona al Gobierno.
Tras el 2,1% registrado en septiembre, la inflación de octubre habría mostrado una leve aceleración, impulsada principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas y el recalentamiento del dólar, según estimaciones de consultoras privadas.
El consenso del mercado ubica la suba de precios entre 2,2% y 2,8%, por encima del mes previo. De confirmarse, sería el primer repunte después de cuatro meses de relativa estabilidad.
Según LCG, el índice general se habría ubicado en 2,5%, mientras que Econviews y Libertad y Progreso proyectan entre 2,4% y 2,8%, destacando la incidencia de la canasta alimentaria. En tanto, Analytica calculó un 2,2%, y PxQ una variación más moderada, del 1,9%. C&T Asesores Económicos midió en el GBA un incremento cercano al 2% a mediados de mes.
Las consultoras coinciden en que el mayor impulso provino de los alimentos no estacionales, en especial carnes, lácteos, huevos, panificados y bebidas, junto con los precios regulados como el transporte público en el AMBA.
Esta aceleración tensiona el relato oficial de que la inflación «tiene fecha de defunción» hacia mediados de 2026. Las propias proyecciones del BCRA (REM) esperaban un número más bajo, en torno al 2%, pero las subas en rubros sensibles desafían la narrativa de una inflación en retirada.
El dato oficial del Indec se conocerá el miércoles 12 de noviembre, mientras que la encuesta de la Universidad Di Tella mostró una expectativa de inflación promedio de 3,96% para octubre, y del 37% anual para los próximos doce meses.
ANSES otorgará en noviembre un bono de $70.000 a quienes cobran la jubilación mínima. Mirá qué grupo accede y cómo queda el haber total.
El Gobierno oficializó este martes el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en noviembre, para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
De esta manera, las jubilaciones mínimas durante octubre serán de $403.150, ya que el haber inicial para el décimo mes del año fue fijado en $333.150, a partir del aumento del 2,1%, determinado en línea con la inflación de septiembre.
En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.150 pero queden por debajo de los $403.150, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.
De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $53.150. Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $396.298 a $403.150, lo que implica una suba de apenas $6.852.
En los considerandos de la normativa, para justificar la medida, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.
En este sentido, el texto oficial puntualizó que «la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones».
Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a $70.000.
Al respecto, el Decreto señaló que «la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta octubre de 2025, inclusive».
Continuando esa línea, expresó que «a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de noviembre 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional».
El documento oficial, precisó que «para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación» y especificó que el bono «tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto».
Asimismo, dispuso que «en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga por el presente decreto».
A quiénes les corresponde el bono de $70.000 en noviembre
El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a:
Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.
Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.
También se registró un avance de 0,3% con relación a julio.
El Indec informó que en agosto de 2025, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 2,4% en la comparación interanual y de 0,3% con relación a julio en la medición desestacionalizada.
De esa manera se registró un leve rebote del nivel de actividad que viene perdiendo fuerza desde abril y que llevó a que varias consultoras recortasen sus proyecciones de crecimiento para este año. Respecto a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto.
A su vez, el organismo destaca que «la actividad de Intermediación financiera (26,5%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (9,3%)». También señaló que «cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-5,1%), que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%) le restan 1,06 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE».
En la misma línea del Indec, el índice de producción industrial que elabora Fiel mostró en septiembre una caída interanual de 4,5% y recortó la mejora acumulada en el año a 0,6%.
Sin garantías claras, los bancos como JPMorgan y Goldman Sachs no avanzan con el préstamo de US$ 20.000 millones a Argentina. El Tesoro, clave en la negociación.
Un grupo de bancos estadounidenses —entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup— busca garantías que respalden un préstamo de US$ 20.000 millones destinado a apuntalar las finanzas del Gobierno de Javier Milei, según revela un informe de The Wall Street Journal. Este crédito forma parte del paquete de US$ 40.000 millones diseñado por la administración de Donald Trump, que combina un swap de divisas del Tesoro estadounidense por US$ 20.000 millones con una línea de financiamiento adicional liderada por el sector privado.
Los bancos pretenden asegurar algún tipo de respaldo o compromiso de recuperación antes de avanzar, y aguardan directrices del Departamento del Tesoro sobre qué garantías podría ofrecer Argentina o si Washington asumirá el riesgo directamente. «Las discusiones sobre esta facilidad continúan y esperamos compartir más detalles cuando las conversaciones concluyan», señaló un portavoz del Tesoro citado por el diario. Sin ese aval, el acuerdo podría no concretarse.
El Tesoro estadounidense, que ya controla el marco general del paquete, también acordó canjear US$ 20.000 millones por pesos argentinos para fortalecer las reservas del Banco Central y estabilizar la moneda. Sin embargo, analistas advierten que los riesgos son inusualmente altos: el peso se deprecia a ritmo acelerado y podría caer más si el FMI exige un tipo de cambio libre. «Si el peso se depreciara, lo cual muchos consideran necesario, el Tesoro se quedaría con activos que han perdido valor», advirtió Brad Setser, exsubsecretario adjunto del Tesoro durante la administración Obama.
Argentina ha sufrido nueve incumplimientos de deuda soberana —tres desde el año 2000— y más de 20 rescates del FMI desde la década de 1950. Aun así, esos paquetes no lograron evitar colapsos financieros ni devaluaciones que alimentaron crisis políticas y sociales. Hoy, la economía enfrenta una caída del 30% del peso frente al dólar en 2025, inflación persistente y una población expectante ante las elecciones legislativas del domingo.
El plan del Tesoro estadounidense recuerda al de México en 1995, cuando el gobierno de Bill Clinton concedió US$ 20.000 millones en préstamos garantizados por exportaciones petroleras tras la «Crisis del Tequila». A diferencia de aquel caso, Argentina carece de activos equivalentes para ofrecer como respaldo, y cualquier intento de comprometer ingresos fiscales o deuda soberana podría desatar una reacción política interna contra la injerencia estadounidense.
Con subas fuertes en insumos importados y cuidado infantil, la economía mostró señales mixtas. El ministro Caputo defendió el equilibrio fiscal como pilar.
Inflación mayorista: el dólar presionó los precios importados
El impacto del tipo de cambio volvió a sentirse con fuerza en los precios de los insumos importados, que aumentaron 9% durante septiembre, impulsando al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) a su nivel más alto del año: 3,7%. Los productos nacionales, en tanto, registraron una suba de 3,3%. Así, en los primeros nueve meses del 2025, la inflación mayorista acumuló 20%, algo por debajo del 22% del IPC general. Entre los productos primarios, el alza fue de 4%, con subas de 3,7% en los agropecuarios, 8,5% en los pesqueros y 4,2% en petróleo y gas.
Los insumos industriales mostraron una variación de 3,2%, con aumentos destacados en metales básicos (8,2%) y maquinarias (8,1%), mientras que alimentos y bebidas subieron apenas 2% y la energía eléctrica, como insumo, 0,4%. En paralelo, el costo de la construcción también se aceleró, con un alza de 3,2% en septiembre, impulsada por el aumento del 3,7% en la mano de obra. En lo que va del año, el costo total del sector acumula un 15,9%, por debajo del nivel general de precios. Los mayores incrementos se registraron en artefactos de iluminación (8,1%), ascensores (8%) y cables eléctricos (6,7%).
La canasta de crianza superó los $545.000 en septiembre
La canasta de crianza volvió a subir en septiembre y superó los $545.000. Según el Indec, los hogares necesitaron entre $436.138 y $548.636 para cubrir los gastos mensuales de un niño, dependiendo de su edad. En todos los rangos etarios, los incrementos mensuales se ubicaron cerca del 1,1%, por debajo del 2,1% del IPC. Para un menor de 1 año, la crianza costó $436.988; para los de 1 a 3 años, $519.193; para los de 4 a 5 años, $436.138; y para los de 6 a 12 años, $548.636. La canasta, que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado, aumentó alrededor del 18% interanual.
Caputo celebró el superávit y advirtió sobre el equilibrio fiscal
Por último, el ministro de Economía Luis Caputo celebró los resultados fiscales y defendió el rumbo del programa económico. «En septiembre el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $696.965 millones y un financiero de $309.623 millones«, afirmó en X. En lo que va del año, el superávit acumulado equivale al 1,3% del PBI en términos primarios y 0,4% financiero. El ministro advirtió que, «frente a los intentos de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno garantizará el orden en las cuentas públicas«, y sostuvo que esa disciplina «es condición necesaria para seguir bajando la inflación y reducir la presión tributaria» sobre el sector privado.
El Fondo Monetario redujo un punto su estimación de crecimiento para 2025 y elevó las cifras de inflación y desempleo. Qué cambió en su visión del país.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus proyecciones de crecimiento para la Argentina en su informe World Economic Outlook (WEO) de octubre de 2025.
Según el organismo, el PBI argentino crecerá 4,5% en 2025 —un punto menos que lo previsto en abril— y 4,0% en 2026, también por debajo de la estimación anterior.
Crecimiento más moderado
En abril, el FMI proyectaba un avance de 5,5% para 2025 y 4,5% para 2026, cifras que ratificó en julio.
El recorte de octubre marca una moderación del optimismo que había acompañado el rebote pos sequía y las primeras señales de estabilización macroeconómica.
El informe explica que la revisión responde tanto a factores globales —como la desaceleración económica y las condiciones financieras más restrictivas— como a elementos internos: el ajuste fiscal y el menor impulso del consumo privado.
Inflación más alta de lo esperado
El WEO también corrigió al alza sus proyecciones de inflación: el FMI espera que los precios al consumidor suban 41,3% en 2025 y 16,4% en 2026, frente al 35,9% y 14,5% que había estimado en abril.
El Fondo advierte sobre una «desinflación más lenta», producto de la persistencia de la inercia de precios y de la sensibilidad del mercado a las expectativas cambiarias.
Aunque el informe no menciona políticas locales específicas, señala que el éxito del proceso dependerá de la coherencia entre la política monetaria y fiscal en toda la región.
Déficit en cuenta corriente
El organismo también revisó a la baja su previsión sobre la cuenta corriente: ahora estima un déficit de 1,2% del PBI en 2025 y 0,4% en 2026, frente a los valores previos de -0,4% y -0,3%.
El informe sostiene que el resultado externo se verá afectado por el aumento de las importaciones de bienes de capital y servicios, en un contexto de apreciación real del tipo de cambio y recuperación de la actividad.
Aun así, prevé que las exportaciones agrícolas y mineras continúen aportando divisas, aunque a un ritmo más moderado.
Más desempleo y menor recuperación
En materia laboral, el FMI proyecta un desempleo de 7,5% en 2025 y 6,6% en 2026, frente al 6,3% y 6,0% previstos en abril.
La mejora del mercado de trabajo será, según el organismo, más lenta de lo estimado, afectada por la moderación del consumo y la baja en la creación de empleo formal.
El Fondo remarca que los ingresos reales siguen rezagados frente a la inflación y que su recuperación dependerá de la estabilidad de precios y del acceso al crédito.
Un panorama más cauteloso
El FMI publicó tres informes sobre la economía argentina en 2025. El de abril fue el más optimista; el de julio mantuvo ese tono; y el de octubre muestra un giro hacia una visión más prudente, con recortes en crecimiento, inflación y empleo.
El nuevo escenario combina menor expansión, inflación más alta y déficit externo creciente, reflejando la complejidad de la transición económica del país y la sensibilidad del balance macro frente a los cambios de política y al entorno global.
Contexto regional y comparación
Aun con el ajuste, Argentina sigue entre los países con mayor crecimiento proyectado de Sudamérica para 2025, aunque también entre los de inflación más alta.
El FMI prevé una expansión regional promedio del 2%, marcada por la volatilidad de los precios internacionales, la incertidumbre política y la necesidad de consolidar marcos fiscales sostenibles.
Perspectiva de mediano plazo
Pese al recorte, el Fondo espera que la Argentina acumule un crecimiento de 8,7% entre 2025 y 2026, tras una contracción de -1,3% en 2024.
El impulso provendrá de la inversión en energía, minería e infraestructura, con una recuperación más gradual del consumo privado.
El organismo advierte que la estabilidad dependerá de la credibilidad del programa económico y de la consolidación del proceso de desinflación.
Coincidencia con el Banco Mundial
El Banco Mundial también redujo sus proyecciones para el país en su informe de octubre, en línea con el FMI. Ambos organismos coinciden en que la recuperación será más débil de lo previsto en el primer semestre, en un contexto global de tasas altas, comercio moderado y menor apetito por el riesgo.
La actividad cayó en agosto 4,4% con relación al mismo mes de 2024.
El Indec dio a conocer los datos de actividad industrial que muestran el deterioro del sector manufacturero. En agosto de 2025, el índice de producción industrial manufacturero exhibe una caída de 4,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-agosto de 2025 presenta un incremento de 4,4% respecto a igual período de 2024. En agosto de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior.
El organismo destaca que en agosto de este año quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Y afirma que en orden a su incidencia en el nivel general, se registraron caídas en «Productos de metal», de 18,0%; «Alimentos y bebidas», de 2,3%; «Prendas de vestir, cuero y calzado», de 14,1%; «Maquinaria y equipo», de 8,9%; «Productos de caucho y plástico», de 10,3%; «Productos textiles», de 18,1%; «Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes», de 6,2%; «Industrias metálicas básicas», de 4,3%; «Productos minerales no metálicos», de 3,4%; «Otros equipos, aparatos e instrumentos», de 3,6%; «Sustancias y productos químicos», de 0,8%; «Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras», de 1,0%; «Productos de tabaco», de 9,1%; «Madera, papel, edición e impresión», de 0,3%; y «Otro equipo de transporte», de 2,8%.
Por su parte, la «Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear» muestra una suba de 4,9%, concluye el informe del Indec.
Por otra parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción que elabora el Indec muestra en agosto una suba de 0,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los ocho primeros meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 8,0% respecto a igual período del año pasado. En agosto de 2025 el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,5% respecto al mes anterior.
El Tesoro vendió más de la mitad de las divisas obtenidas con la liquidación del agro para contener el dólar. Analistas advierten sobre riesgos a futuro.
El Tesoro utilizó más de la mitad de los US$ 2.200 millones acumulados para frenar la presión cambiaria y sostener el tipo de cambio mayorista.
El Ministerio de Economía ya volcó al mercado más del 60% de las divisas que había acumulado durante la «ventana de oro» de la liquidación del agro por las retenciones cero. Según estimaciones privadas, unos US$ 1.300 millones de los US$ 2.200 millones obtenidos en esas semanas de septiembre ya fueron utilizados para contener la demanda de dólares en un clima preelectoral de fuerte dolarización.
El Tesoro defendió el tipo de cambio mayorista en $1.430 —tras elevarlo desde los $1.425 del viernes pasado— y ofreció bloques de divisas a ese precio para evitar que la cotización toque el techo de la banda de flotación, establecido en $1.483, nivel a partir del cual la intervención pasa a manos del Banco Central.
Ventas aceleradas y presión cambiaria
Fuentes del mercado estimaron que solo este lunes el Tesoro habría intervenido con unos US$ 400 millones, dentro de un volumen total de operaciones cercano a US$ 700 millones. Además, hubo oferta privada de exportadores de energía y, en menor medida, del complejo agroexportador.
La consultora Outlier precisó que el viernes anterior las ventas oficiales habían alcanzado US$ 216 millones, y el jueves, otros US$ 200 millones, en una secuencia de intervenciones que busca contener la demanda minorista y las presiones sobre el tipo de cambio.
En paralelo, el dólar del Banco Nación subió levemente a $1.455 para el público, mientras el mercado observa con atención el ritmo de venta de reservas del Tesoro.
Fondos limitados y la lupa del FMI
De acuerdo con Outlier, la estrategia de intervención deja en evidencia el estrecho margen financiero del Gobierno. «Tomando en cuenta lo que queda hasta las elecciones y los pagos al FMI, el Tesoro no cuenta con los fondos necesarios para afrontar los pagos de enero de 2026 (US$ 4.300 millones), ni parece que vaya a recuperar acceso al financiamiento voluntario en condiciones sustentables«, advirtió la consultora.
En ese marco, algunas fuentes del mercado sugieren que las recientes ventas podrían haber sido compensadas parcialmente con nuevos desembolsos de organismos internacionales, aunque sin precisión sobre montos o plazos.
Un tándem entre Tesoro y Banco Central
Un informe de LCG señaló que Economía y el BCRA actúan como «un tándem» para administrar la volatilidad cambiaria. Según el análisis, el Tesoro interviene directamente en el mercado spot, mientras que el Banco Central opera «en la curva de futuros y vendiendo títulos dólar linked«, mecanismos que buscan cubrir la demanda sin alterar bruscamente las reservas.
En las últimas semanas, el Ministerio de Economía ejecutó un canje de bonos con el BCRA por más de US$ 7.000 millones en títulos atados al dólar, destinados a proveer cobertura cambiaria al mercado ante una eventual devaluación.
El salvavidas de Washington
Con la mira puesta en la meta de reservas del acuerdo con el FMI, el Gobierno argentino espera un apoyo financiero del Tesoro de Estados Unidos que, según distintos cálculos, debería oscilar entre US$ 4.800 y US$ 6.000 millones antes de fin de año.
Outlier subrayó que «es importante ver de qué forma, plazos y condiciones llega la ayuda de Estados Unidos, para determinar si ese salvavidas sirve para acomodar la meta de reservas o si habrá que redefinir el programa con el FMI«.
Mientras tanto, la venta acelerada de divisas se volvió el principal instrumento para intentar llegar sin sobresaltos al 26 de octubre, cuando el resultado de las elecciones legislativas definirá el futuro inmediato del esquema cambiario.
En medio de temores por apagones, el Ejecutivo lanza un plan que premia a quienes bajen el consumo de luz. Hay plata en juego y requisitos claros.
El Gobierno lanzó un programa de incentivo para aliviar el consumo de energía eléctrica en el verano disponiendo compensar económicamente a las industrias que reduzcan el uso de electricidad en horarios pico de demanda.
La iniciativa apunta a que los grandes usuarios disminuyan voluntariamente el consumo de luz en periodos de mayor demanda durante la temporada estival, otorgando una retribución económica a cambio, para evitar que el sistema se sature y se produzcan cortes.
El Programa de Gestión de Demanda de Energía se creó esta semana mediante la Resolución 379/2025 publicada en el Boletín Oficial y está dirigido a Grandes Usuarios Mayores (GUMA), los Grandes Usuarios Menores (GUME) y los Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIS) del Mercado Electrico Mayorista (MEM).
Los interesados deberán adherir voluntariamente y cumplir con el requerimiento de potencias máximas registradas mayores a 300 kW y con el requisito técnico de tener instalado sistema de medición y registro que permita identificar el consumo de energía activa con paso horario.
El plan permitirá que las industrias y grandes comercios perciban un ingreso monetario al ofrecer reducciones de carga eléctrica para que estén disponibles como una reserva adicional del sistema cuando la red esté al límite.
Al ser voluntario, la aplicación exitosa dependerá del grado de adhesión que logre entre los usuarios destinatarios, aunque la retribución proporcional a la energía dejada de utilizar que brindará el Estado actúa como estímulo considerable para captar voluntades.
En el texto oficial se justificó la implementación del nuevo esquema asegurando que «está destinado a generar señales económicas para incentivar la eficiencia energética, promover la generación competitiva de energía y mejorar la calidad de servicio en el sector eléctrico del SADI (Sistema Argentino de Interconexión)».
Además, se apeló al éxito que tuvieron políticas similares en otros países precisando que «los antecedentes internacionales de programas de gestión de demanda diseñados para trasladar la carga de mayor potencia de la red demuestra que la eficiencia energética y otras medidas de reducción de la demanda, mediante incentivos de rendimiento vinculados al logro de objetivos que generen ahorro, ha tenido muy buenos resultados«.
Al respecto, la normativa citó a «los reportados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos de América (U.S. Energy Information Administration) en el Estado de California, los Programas de Eficiencia Energética de Energy del Reino Unido y el Programa de Gestión de la Demanda de Brooklyn-Queens (BQDM), entre otros».
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca que se aplane el consumo en los picos estacionales para evitar un colapso del sistema que derive en apagones masivos, mientras busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y sean inevitables los cortes de luz.
En este sentido, la administración de Javier Milei planea trasladar a las tarifas de los usuarios el costo de US$6.500 millones necesarios para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión.
