El juez neoyorquino Thomas Griesa extendió dos días (hasta el jueves 18 de febrero) el plazo para que los fondos buitres más duros en su posición respondan al gobierno de Mauricio Macri el pedido para destrabar los pagos a los acreedores reestructurados mientras negocian. En cambio, la respuesta de la Argentina se podrá presentar hasta este viernes a las tres de la tarde.
A su vez, los abogados de Paul Singer, el multimillonario creador del fondo Elliot Management Corporation y cara visible de la guerra judicial contra la Argentina por los bonos impagos, pidieron una nueva audiencia, cuya fecha no fue fijada aún por el magistrado.
Una decisión del propio juez impide que la Argentina gire los pagos a los acreedores reestructurados –en su mayoría europeos– porque, de hacerlo, parte de ese dinero será embargado para abonar la deuda en default que está en manos de los denominados buitres.
Esa misma orden judicial impide también el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de financiación, dado que cualquier colocación de bonos podría llegar a ser afectada por un embargo.
Griesa aceptó este martes la petición de los fondos NML Capital y Aurelius de pasar del 18 al 19 de febrero el plazo final para responder a la moción, luego de que Argentina diese su visto bueno a esa fecha, según una carta del abogado de la querella, Robert Cohen.
El Gobierno pidió el jueves pasado a Griesa que levante la orden del «pari passu» o tratamiento equitativo a favor de esos fondos, de modo de poder avanzar con su oferta para resolver el litigio por títulos en default desde 2001.
La administración Macri presentó el pasado 5 de febrero una propuesta para pagar USD 6.500 millones, sobre un total de 9.000 millones, a los fondos especulativos y otros acreedores para poner fin al multimillonario juicio.
Dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron el juicio en Nueva York aceptaron la propuesta, aunque los dos más duros, NML Capital y Aurelius, que en 2012 lograron una sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a USD 1.750 millones, la rechazaron.
La semana pasada, una misión argentina y estos fondos fracasaron en un nuevo intento por llegar a un acuerdo sobre esa oferta, indicó el mediador judicial Daniel Pollack, aunque ahora se espera una nueva audiencia directamente ante el juez.
El gobierno de Cristina de Kirchner (2007-2015) había rechazado el fallo de Griesa, quien en julio de 2014 congeló un pago de USD 539 millones en Nueva York a los bonistas que habían adherido a los canjes de 2005 y 2010, provocando un default parcial de Argentina.
Esas reestructuraciones, rechazadas por los denominados fondos «buitre» y otros querellantes, fueron aceptadas en su momento por 93% de los acreedores e incluyeron importantes quitas.
