A la suba que hubo del 35% hasta septiembre se le sumará 17,8% a pagar en tres cuotas: así, la suba anualizada será del 52,8%.

Tal como se esperaba, el Gobierno autorizó un aumento adicional del salario mínimo para mejorar los ingresos de los sectores más postergados y beneficiarios de programas sociales. A la suba que hubo del 35% hasta septiembre se le sumará 17,8% a pagar en tres cuotas para que en febrero ese ingreso sea de $33.000. Así, la suba anualizada será del 52,8%.

Así se decidió en el encuentro virtual que mantuvo ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Originalmente, la reunión estaba prevista para el 30 del corriente mes, pero finalmente se adelantó. Dicho consejo está integrado por 16 representantes de las empresas y otros 16 representantes sindicales, mientras que el Gobierno actúa como mediador.

En marzo, el haber mínimo se encontraba en $21.600 y en abril se había acordado una suba del 35% a pagar en siete cuotas hasta febrero de 2022. Sin embargo, la aceleración de los precios en la primera parte del año motivó un adelanto de esas cuotas y en septiembre el salario mínimo alcanzó los $29.160. La promesa oficial es que los salarios le puedan ganar a la inflación que, según consignaron en el Presupuesto de 2022, finalizará en 45% para todo 2021. Los privados la estiman más cerca de 48%.

En concreto, habrá una suba retroactiva del 9% en septiembre, otra del 4% en octubre y finalmente en febrero próximo será del 3%. Así los montos quedarán en  $31.104, $32.000 y $33.000, respectivamente.

Además, en la reunión se pactó una revisión para marzo de 2022. En línea con lo que se esperaba, el presidente Alberto Fernández será el encargado de llevar a cabo el anuncio oficial, una estrategia que va a caracterizar los anuncios de las próximas medidas económicas luego del golpe que significó la derrota en las primarias y la posterior crisis política dentro del Frente de Todos.

Importancia

Según lo establece la Ley Nacional de Empleo, el salario mínimo se define como «la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión». 

Además, se establece que “todo trabajador mayor de 18 años, tendrá derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil que se establezca, conforme a la ley y por los organismos respectivos”.

En tanto, esa modificación impactará en el valor de los planes sociales, ya que actualmente el salario social complementario equivale a la mitad del salario mínimo. También hará lo propio con los programas que otorga la cartera que conduce Claudio Moroni, como el Potenciar Trabajo, las becas Progresar, el programa Acompañar y los Repro. A su vez, algo no menos importante es que se utiliza como referencia para las remuneraciones del sector informal, uno de los más castigados por las crisis de los últimos años.

Según datos del Indec, los “asalariados no registrados” suman 5.078.000 personas. En tanto, en base a datos de Trabajo, existen casi 3,5 millones de cuentapropistas informales. Si se suman estos datos, se puede estimar que la fuerza laboral del sector informal llega a más de 8,5 millones de trabajadores. De ahí la importancia que tiene la evolución del salario mínimo en toda la economía.

Participaron de la reunión, que se realizó en modalidad virtual, Héctor Daer (CGT), Carlos Acuña (CGT), Andrés Rodríguez (CGT), Gerardo Martínez (CGT), Sergio Romero (CGT), José Luis Lingeri (CGT), Roberto Fernández (CGT), Víctor Santa María (CGT), Jorge Sola (CGT), Rodolfo Daer (CGT), Julio Piumato (CGT), Noe Ruiz (CGT), Antonio Caló (CGT), Armando Cavallieri (CGT), Ricardo Peidro (CTA Autónoma) y Hugo Yaski (CTA Trabajadores).

Por parte de las cámaras empresarias, estuvieron conectados Daniel Funes de Rioja (UIA), Juan José Etala (UIA), Julio Cordero (UIA), Guillermo Moretti (UIA), Horacio Martínez (UIA), Pedro Etcheberry (CAC), Jorge Hulton (CAMARCO), Carlos Achetoni (FAA), Abel Guerrieri (SRA), Paulo Ares (CONINAGRO), Alberto Frola (CRA), Verónica Sánchez (FEHGRA), Javier Bolzico (ADEBA), Adelmo Juan José Gabbi (BCBA), Jaime Campos (AEA) y Ricardo Diab (CAME).

Reclamos

Mientras se reunía el Consejo del Salario, algunas organizaciones sociales cortaron distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar que el salario mínimo llegue a los $70.000, en línea con la Canasta Básica Total (CBT) que mide la pobreza.

Antes de la reunión que hubo en la cartera laboral, desde Barrios de Pie señalaron: «La crisis no debe ser el ajuste». Y advirtieron: «Más que peleas entre gobernantes, nos gustaría ver una respuesta acorde a los problemas de bolsillo de buena parte del país».

«Rechazamos el ajuste estructural y las alternativas de derecha como respuesta a la crisis», expresaron en un comunicado conjunto varias agrupaciones, entre las que se encuentran el Polo Obrero, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha, y el Movimiento de los Pueblos, entre otras. En ese documento, puntualizaron que «desde hace años se viene profundizando la caída estrepitosa del poder adquisitivo de la clase trabajadora».

Más anuncios

Este martes comenzó la ronda de anuncios de medidas económicas por parte del Gobierno. A la suba del salario mínimo se le sumó un nuevo piso para el impuesto a las Ganancias de trabajadores formales. También hubo anuncios respecto a relajamientos en restricciones que estaban impuestas por la pandemia y que beneficiarán a sectores que todavía no han podido recuperarse.

También está en revisión la posibilidad de un bono de $6.000 para jubilados que cobran la mínima; una ampliación del programa Te Sumo, que en principio busca darle empleo a 50.000 jóvenes y la posibilidad de una nueva versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero con un monto mayor y a un universo más acotado.

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El nuevo mínimo de Ganancias será de $175.000

En las próximas horas el Gobierno hará oficial, a través de un decreto, un nuevo piso para el Mínimo No Imponible (MNI) del Impuesto a las Ganancias. El monto pasará de $150.000 brutos mensuales a $175.000, con el objetivo de que los trabajadores y jubilados que habían quedado fuera del gravamen no fueran alcanzados nuevamente luego de las paritarias. La decisión oficial permitirá que 1,2 millones de personas que habían dejado de pagar este tributo sigan sin hacerlo. 

La intención es que menos del 10% de los trabajadores registrados paguen este tributo, un esquema similar al que había hasta 2015. Asimismo, los jubilados que cobren hasta ocho haberes mínimos seguirán sin pagar Ganancias. 

Luego de ser oficializada, la suba del piso deberá ser reglamentada por AFIP, por lo que se espera que en septiembre un universo grande de los beneficiarios termine pagando el impuesto. Sin embargo, podría haber un reintegro en los meses siguientes ya que el retroactivo es anual al igual que el tributo.