El Gobierno reglamentó el funcionamiento de Argentores y desde ahora los autores podrán determinar el precio de sus derechos. También anunció la creación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO) para la obra pública, y cambios en la Ley de Turismo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger sostuvo este jueves que el decreto 105/25 elimina el registro de constructores de la ley de obras públicas. «Empieza a desgajarse el club de la obra pública que tuvo a los argentinos de rehén por 80 años», enfatizó el funcionario en X.

El Gobierno dispuso la creación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), por el que se reemplaza al ya disuelto Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, con el propósito de establecer un esquema «más transparente, competitivo y con mayor protección para el Estado» que apuntará a la supresión de la popularmente denominada «patria contratista».

Para el funcionario, ese registro «había sido el mecanismo por el cual la patria constructora se había repartido la obra pública sin arriesgar capital y haciendo que el Estado siempre pague el pato de la boda«, en tanto determinaba un mecanismo para «ponderar las obras» realizadas para el sector público.

De esa forma, comentó, «siempre ganaban los mismos, independientemente que mantuvieran a sus empresas con patrimonios exiguos, cosa de nunca asumir pasivos relevantes», en un procedimiento que relacionó con el ex contratista Lázaro Baez.

«Si a eso le sumamos el concepto de capacidad constructiva que iba eliminando empresas a medida que se iban adjudicando las obras, teníamos un coctel ruinoso para los argentinos pero que era fiesta para la patria contratista», completó.

Con el nuevo sistema de información, aseguró Sturzenegger, se comienza a «esbozar los elementos de un sistema más transparente, competitivo, y con mayor protección para el Estado».

«Sus elementos constitutivos serán que se considerarán como antecedentes obras publicas y privadas, nacionales o internacionales, se elimina el concepto de capacidad constructiva y la capacidad de competir se podrá certificar también, no solo con obras, sino con patrimonio y/o garantías», destacó, para agregar que se mantienen los pliegos gratuitos descargables online.

A diferencia del registro disuelto, el SICO abarcará a «las personas interesadas en participar en los procedimientos de contratación llevados a cabo por las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional», con una «recategorización de los cocontratantes para evitar exigir la inscripción en más de un sistema».

En ese marco, se dejan sin efecto las figuras de «consultor de obra pública» y de «proveedor de obra pública».

En cuanto a los contratos de obra pública, la norma precisa que «se flexibilizará el mecanismo de inscripción, clasificación y calificación de las constructoras de obra pública con el fin de fomentar una mayor concurrencia de interesados y competencia entre oferentes y el ingreso de nuevos participantes locales y de empresas extranjeras».

El Gobierno reglamentó el funcionamiento de Argentores con nuevos parámetros para la gestión de los derechos económicos de autor

El Gobierno, mediante el decreto 138/2025 y la nueva disposición 208/2025, ha establecido que ARGENTORES será la encargada de gestionar los derechos económicos de autor en Argentina, incluyendo la fijación de aranceles, la recaudación y la distribución de ingresos por la explotación de obras literarias, dramáticas, musicales, cinematográficas y otros géneros culturales. La normativa permite a los creadores nacionales y extranjeros acordar libremente con terceros la explotación de sus obras, garantizando su autonomía, aunque ARGENTORES cuestionó inicialmente el decreto por permitir la gestión sin intermediación obligatoria, advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas.

Para asegurar una gestión transparente, ARGENTORES deberá distribuir los derechos de autor con un máximo del 30% para gastos administrativos, realizar la recaudación en plazos no mayores a dos meses y publicar las reglas de distribución en su página web. Además, los fondos no cobrados tras cuatro meses se redistribuirán entre los autores representados, y el Ministerio de Justicia, en lugar del INAES, supervisará la fiscalización de la entidad a través de un auditor, buscando optimizar y simplificar el proceso mediante los decretos 207/2025 y 208/2025.

Cambios en la Ley de Turismo

En tanto, el decreto Delegado 216/25 implementa una importante modificación en la Ley de Turismo 25.997.

«Para que un sistema económico funcione el Estado tiene que hacer cosas que son competencia del Estado, y el sector privado las cosas del sector privado. Lamentablemente, en los últimos años el Estado se metió a hacer las cosas de los privados, distorsionando y entorpeciendo el mercado. Doy cuatro ejemplos de destinos increíbles o experiencias turísticas que muchos argentinos desconocen. 1. Carlos Pellegrini, el centro de los Esteros de lberá, a una hora de vuelo de Bs. As. (no hay vuelo) u 10 horas en auto (60 km de tierra). 2. La Sierra de los Quinteros en La Rioja: una pared de 500 metros de altura con una pasarela al infinito donde los cóndores te pasan por encima a uno o dos metros (todo el día). Está a 40 min de vuelo del aeropuerto de Córdoba (no hay vuelo). Hoy requiere 3 horas de auto de la ciudad de La Rioja. 3. Campo de Piedra Pómez en Antofagasta de la Sierra, un paisaje lunar único en el mundo a 50 min de vuelo de Córdoba (no hay vuelo). Hoy se accede luego de 7 horas en auto desde la capital de Catamarca. 4. Un paseo en globo aerostático en la provincia de Buenos Aires (la imagen es de EEUU). Existe solo de manera incipiente quizás porque está prohibida la importación de globos aerostáticos (prohibición a días de desaparecer», escribió Sturzenegger en X.

Y agregó: «Una buena gestión del turismo es eliminar las trabas que tienen nuestros empresarios turísticos para operar, ver que cosas traban la conectividad, o le encarecen los recursos que necesitan para trabajar. No es meterse a hacer lo que ellos deberían hacer. Por cierto si estos destinos acá no los conocés es que algo mal estábamos haciendo. Los cambios introducidos a la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 focaliza el rol del Estado en la promoción y marketing del país y de nuestro turismo, pero elimina las facultades del Estado para planificar el sector u otorgar subsidios o capacitaciones discrecionales. No es función del Gobierno Nacional decidir qué regiones o sectores turísticos de una provincia deben desarrollarse, mucho menos imponer criterios centralizados sobre la formación de los prestadores cuando hoy la experiencia turística es en gran medida vivencial y tiene infinitas aristas (quizás un mejor plan es ofrecer la experiencia de una cena familiar más que visitar la Catedral de Buenos Aires). El crecimiento del turismo debe responder a la iniciativa de sus propios actores, sin molestias ni condicionamientos estatales».