El Ministerio de Economía cerró varios programas de vivienda, entre ellos Casa Propia, y delegó las obras a provincias y municipios bajo un nuevo sistema de cobro.

El Ministerio de Economía oficializó la disolución de programas como Casa Propia, Argentina Construye y el Plan Nacional de Suelo Urbano, junto con otras iniciativas de vivienda y hábitat. La medida, publicada en la Resolución 1199/2025, establece un nuevo esquema de financiamiento que transfiere más responsabilidad a provincias y municipios, en línea con la política de «eficiencia en el gasto público».

El cambio central es que las jurisdicciones podrán asumir el financiamiento de las obras en curso cuando Nación no realice los desembolsos. A cambio, deberán aplicar un sistema de recupero de fondos, con cuotas que no superen el 30% de los ingresos familiares de los adjudicatarios. Los montos se actualizarán por la variación de la Unidad de Vivienda (UVI), y en caso de incumplimientos habrá acciones judiciales.

Claves de la resolución

• Programas que se cierran: Casa Propia, Argentina Construye, Argentina Construye Solidaria, Plan Nacional de Suelo Urbano, Procrear (resoluciones complementarias) y Argentina Hace, entre otros.
• Obras en curso: podrán ser financiadas por provincias y municipios, que usarán el recupero de cuotas para completar proyectos inconclusos.
• Excepciones: hogares vulnerables, familias con necesidades básicas insatisfechas y beneficiarios en villas y asentamientos podrán ser eximidos del pago.
• Control: la Secretaría de Obras Públicas podrá dar de baja convenios y exigir la devolución de fondos si detecta incumplimientos.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, celebró la medida porque «destraba un sinnúmero de transferencias de obras inconclusas del Procrear» y permite que las jurisdicciones locales se hagan cargo de finalizarlas.

El Gobierno fundamenta la decisión en la emergencia pública y la necesidad de evitar un «perjuicio fiscal». Con esta resolución, se busca cerrar programas considerados ineficientes y abrir un esquema descentralizado en el que cada provincia o municipio administre el financiamiento de sus proyectos habitacionales.