Los opositores políticos de la presidenta brasileña Dilma Rousseff están presionando a las autoridades para investigarla en relación a un creciente escándalo de corrupción que ha hundido su popularidad y amenaza con demoler a su gobierno.

Los líderes de la oposición están pidiendo a la Corte Suprema de Brasil que les de luz verde a los fiscales para determinar si la presidenta tuvo un papel en el grupo corrupto que presuntamente robó millones de dólares del gigante petrolero estatal Petróleo Brasileiro SA PBR +5.01% y canalizó sobornos a políticos.

Rousseff ha negado repetidamente tener conocimiento de la estafa y no ha sido implicada. El Supremo Tribunal Federal de Brasil, que debe autorizar las pesquisas de los políticos de alto rango, no la incluyó este mes en una lista de 48 legisladores a ser investigados en el escándalo, llamado “Operación Lavado de Autos”. Los sospechosos que realizaron declaraciones de culpabilidad negociadas le han dicho a los fiscales que la presidenta se benefició de los pagos de sobornos. Sin embargo, los fiscales y la Corte Suprema concluyeron que no había suficiente evidencia para justificar una investigación de Rousseff.

Sin embargo, los acontecimientos de esta semana, incluyendo enormes manifestaciones en la calle contra la presidenta y los cargos de corrupción contra un miembro de su círculo íntimo vinculados al escándalo, han robustecido al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de la oposición para presionar por su investigación.

“Nombró a estos bandidos para dirigir a Petrobras”, apuntó el diputado de la oposición Carlos Sampaio, diputado federal del PSDB en un discurso en la Cámara de Diputados el martes.

El lunes, los fiscales acusaron a João Vaccari Neto, el tesorero del Partido de los Trabajadores de Rousseff, de corrupción y lavado de dinero en relación a donativos de campaña presuntamente ilegales que los fiscales dicen solicitó. Los ejecutivos de Petrobras conspiraron con grandes proveedores para inflar contratos, afirmaron los fiscales, canalizando parte del dinero al PT y otros partidos políticos que apoyaron a Rousseff.

Un abogado que representa al PT dijo en un mensaje el lunes que Vaccari no ha participado en ningún complot de aceptación de sobornos. El partido ha negado consistentemente haber tomado donativos ilegales.

Pero la oposición tenía sed de sangre. Los cargos contra Vaccari representan un avance “nuevo y extremadamente relevante”, anotó el senador Aecio Neves, líder del PSDB, quién perdió un reñida elección presidencial frente a Rousseff el año pasado. Si las acusaciones son corroboradas “tendremos una imagen distinta en el país”, le dijo a reporteros el martes.

El STF esta semana rechazó una solicitud del Partido Popular Socialista (PPS), un grupo más pequeño de la oposición, para investigar a Rousseff. El PSDB ahora se ha unido a ese esfuerzo y consiguió una reunión la noche del miércoles con el juez Teori Zavascki, que está presidiendo sobre el caso del alto tribunal.

No está claro si la nueva solicitud hará cambiar de parecer al juez. Sin embargo, el esfuerzo mantiene la presión sobre Rousseff, quién está luciendo cada vez más asediada.

Más de un millón de brasileños salieron a las calles de docenas de ciudades el domingo, muchos exigiendo que la presidenta dimitiera o fuera destituida.

En respuesta, el partido de Rousseff está semana inició conversaciones con sus aliados en el Congreso para aprobar una serie de medidas anticorrupción. “Somos un gobierno que no aprueba la corrupción”, expresó en un discurso el miércoles.

Fortalecer su imagen ante la opinión pública será un desafío para Rousseff, cuyo índice de popularidad ha caído a mínimos históricos. Solo 13% de los brasileños dicen que está teniendo un desempeño “bueno o excelente”, mientras que 62% califican su desempeño de “malo o terrible”, según cifras publicadas el miércoles por la firma de encuestas Datafolha. La corrupción fue una queja principal en las protestas, según los encuestadores.

La presidenta necesita urgentemente capital político para aprobar medidas de austeridad no populares en el Congreso. Se necesitan ahorros para apuntalar la cuenta del gobierno y evitar una rebaja de calificación crediticia de su deuda soberana a territorio chatarra.

Muchos brasileños también le echan la culpa a Rousseff por la forma en que gestionó la economía de Brasil, que bordea la recesión y está sufriendo de una alta inflación y un desempleo en alza.

En sucesos relacionados, las autoridades suizas indicaron el miércoles que congelaron cientos de millones de dólares en activos vinculados al escándalo de corrupción de Petrobras, y que han descubierto cientos de cuentas en bancos suizos que fueron utilizadas para canalizar sobornos.

En un mensaje el miércoles, la procuraduría general de Suiza dijo que ordenó el congelamiento de unos US$400 millones en activos relacionados al escándalo de Petrobras, y que las investigaciones han identificado más de 300 cuentas en más de 30 instituciones bancarias en el país que los funcionarios dicen fueron aparentemente utilizadas para procesar pagos de sobornos.

La procuraduría dijo que hizo gestiones para que más de US$120 millones en activos congelados fueran repatriados a sus propietarios legítimos. Desde abril del año pasado, la procuraduría ha dicho que abrió investigaciones en base a acusaciones de lavado de dinero y corrupción en Petrobras, enfocándose en ocho ciudadanos brasileños. Una vocera de la procuraduría declinó hacer comentarios sobre las identidades de los brasileños.

Nota:wsj