Cinco fondos de inversión quieren acciones de YPF como resarcimiento por el default. El Gobierno pidió suspender el fallo y alerta por un daño mayor.

El litigio internacional que enfrenta la Argentina por la expropiación de YPF suma nuevos actores. Fondos de inversión con fallos favorables por deuda en default reclaman ahora parte del 51% de las acciones de la petrolera, las mismas que la jueza Loretta Preska ordenó entregar recientemente a los demandantes del caso Petersen/Eton y Bainbridge. 

• Estos nuevos acreedores buscan ejecutar el paquete accionario como forma de resarcimiento por bonos impagos y piden prioridad en el cobro, alegando que sus sentencias son anteriores.

Según Sebastián Maril, de Latam Advisors, los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee iniciaron presentaciones ante la justicia estadounidense. Aunque no participaron del juicio por la expropiación de YPF, poseen fallos firmes contra el Estado argentino por deuda en default desde 2001. Algunos de estos fondos están representados por el abogado Dennis Hranitzky, célebre por haber embargado la Fragata Libertad en Ghana. Su estrategia jurídica se apoya en una orden conocida como «me too«, que busca extender a ellos los efectos de fallos previos sobre el control accionario de YPF.

Los fondos sostienen que la Argentina aún mantiene la titularidad del 51% de YPF y que ese activo debe servir para cumplir con las sentencias pendientes. Su planteo introduce un conflicto de prelación: sus fallos son anteriores a los del caso YPF, lo que abre la puerta a un nuevo debate sobre el orden de ejecución de los activos estatales. «Lo que hace interesante a esta presentación es que los fallos que exhiben los fondos preceden a las causas Petersen/Eton y Bainbridge», advirtió Latam Advisors.

En paralelo, el Gobierno argentino solicitó la suspensión del fallo de Preska, argumentando que la sentencia es «jurídicamente inaplicable» y que su cumplimiento sería inviable por razones legales y operativas. Manuel Adorni, vocero presidencial, señaló que la medida «contradice la Ley 26.741», que impone requisitos del Congreso para ceder acciones de YPF, y que además «desconoce la inmunidad soberana». Añadió que «las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles».

La presentación oficial fue realizada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP. Allí se solicitó que el fallo se deje en suspenso, con el argumento de que la apelación del Gobierno tiene chances razonables de prosperar y que su ejecución causaría daños irreparables. También se advirtió que la Casa Rosada apelará y, en caso de no obtener la suspensión, recurrirá a una instancia superior. Así, el conflicto en torno al activo más valioso del Estado argentino en el extranjero —su participación en YPF— continúa escalando en tribunales de Estados Unidos.