El presidente Mauricio Macri, quiere establecer con precisión cuántos ‘esqueletos en el armario’ ha heredado de la Administración anterior, que condujo la ex presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, entre 2007 y 2015.
Ya se sabe que en el instituto oficial de estadísticas, Indec, varios ‘barrabravas’ -hinchas violentos de fútbol- del club Nueva Chicago tienen empleo, pero se desconoce de qué. En 2010, la prensa porteña lo destapó. Sin embargo, no pasó nada y siguen allí.
Otro caso escandaloso es de los empleados públicos ‘fantasma’ que no concurren al centro de trabajo, tampoco tienen tareas asignadas y sólo aparecen a fin de mes a cobrar el salario. Serían de 200.000 a 280.000 personas en total, según un estudio privado.
Al respecto, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció el miércoles pasado la revisión de 64.000 contratos a empleados públicos y 11.000 oposiciones, ante la presunción de que serían personas enchufadas por el kirchnerismo en los últimos tres años y metidos como topos en la Administración.
En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal ha denunciado que encontró una deuda oculta de 54.000 millones de pesos (3.900 millones de euros), que le habría dejado su antecesor Daniel Scioli, el presidenciable kirchnerista derrotado por Macri.
Auditoría integral
Para confirmar esos y otros posibles ‘esqueletos en el armario’ del legado kirchnerista, Macri ha encargado al jefe de Gabinete, Marcos Peña, la realización de una auditoría integral del Estado y de la Administración pública nacional, que se dividirá en ocho estudios por separado.
El análisis general revisará las deudas, licitaciones en marcha, contratos de personal, bienes estatales y acuerdo con cooperadores. Lo hará la Sindicatura General de la Nacion (Sigen) y se estima que se prolongará durante 60 días.
El foco de la auditoría irá dirigido, en principio, al instituto de sanidad para jubilados PAMI -equivalente a la seguridad social española- y Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio, una planta inaugurada hace dos meses por la ex presidenta Fernández que no funciona por falta de carbón.
También serán revisados dos planes: el ‘Qunita’, de ayuda a madres parturientas con entrega de un moisés, un biberón y pañales, por el cual el Estado habría pagado sobreprecios, y el ‘Sueño Compartidos’, de viviendas sociales con fondos públicos que salpicó por corrupción a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Los contratos de recogidas de residuos, las transferencias de fondos educativos a las provincias, los centros culturales Néstor Kirchner y Tecnópolis, y la carga tributaria a los combustibles (casi la mitad del precio de la gasolina) también serán examinados por los auditores.
A dos semanas de haber llegado a la Casa Rosada, Macri necesita tener pronto este inventario para dar a conocer a los argentinos la situación real en la que ha encontrado el Estado y la Administración pública, según comentan sus allegados. Pues en 2016 seguramente anunciará los remedios a esos males, posiblemente recortes y ceses de contratos, medidas impopulares para cualquier Gobierno.
